Por: Elizabeth Castro
En un acto sin precedentes, el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (SEGOB), Alejandro Encinas, confirmó lo que durante años se ha dicho “Ayotzinapa es un crimen de Estado.” A la declaración del funcionario, siguió la detención de Jesús Murillo Karam, ex titular de la Policía General de la República (PGR) durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, y el anuncio de que la Fiscalía General de la República (FGR) había ordenado la aprehensión de 83 exfuncionarios, entre ellos, 20 militares que presuntamente participaron en la tragedia de 2014.
La aprehensión de Murillo Karam es el primer gran acto de la Comisión de la Verdad en la búsqueda de los normalistas; sin embargo, hay quienes insisten en ver en ella una persecución política que poco tiene que ver con la justicia y mucho, con los errores del gobierno en turno, todo esto en el marco de la próxima discusión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobre la prisión preventiva oficiosa; las balaceras y los ataques del narco en Tijuana, Jalisco y Guanajuato; el siniestro de la mina en Coahuila; y a pocos días de que se cumplan ocho años de la desaparición de los normalistas.
Politizar, mediatizar y romantizar la detención del expositor de la verdad histórica sobre Ayotzinapa, evita la discusión de fondo sobre lo acontecido en Guerrero entre el 26 y el 27 de septiembre de 2014, porque aunque el informe presentado por Encinas reconoce la infiltración de la milicia en el grupo de estudiantes, deja cabos sueltos respecto al paradero de los normalistas, sobre quienes el subsecretario declaró: “No hay indicio alguno de que los estudiantes se encuentran con vida; por el contrario, todos los testimonios y evidencias acreditan que estos fueron arteramente ultimados y desaparecidos.”
El informe es un gran avance para un país donde el encubrimiento de las fuerzas estatales y castrenses son una constante; sin embargo, las imputaciones en contra de Murillo Karam se sostienen sobre testimoniales de personas que, de acuerdo con la FGR, fueron torturadas para rendir declaraciones que permitieran sostener la verdad histórica sobre la quema de cuerpos en el basurero, y en las declaraciones de dos informantes que se adhirieron al criterio de oportunidad.
Sin pruebas fehacientes, la Fiscalía cae nuevamente en una trama de dichos y declaraciones cuya veracidad puede ser atacada en las audiencias; además, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) se ha pronunciado respecto al informe declarando que requieren tener acceso a los peritajes, mensajes y dispositivos sobre los cuales la Fiscalía funda las acusaciones que llevaron a la construcción del documento para poder legitimar -o no- los descubrimientos de la FGR.
La detención de Murillo y las órdenes de aprehensión giradas en contra de los militares son un parteaguas en la búsqueda de justicia para los 43 normalistas, las acciones son contundentes, con ellas, el gobierno de Andrés Manuel dio la nota del sexenio, pero no garantizan nada, con una FGR amañada, acostumbrada a no investigar y carente de profesionalismo, podemos estar en medio de un circo mediático que sólo sirva para dar la impresión de que se está avanzando, cuando en realidad, la justicia se mantendrá en una meta inalcanzable para las víctimas de Ayotzinapa.
Más allá de las suposiciones, las calumnias, los testimoniales y los dichos de Omar García Harfuch y Ángel Aguirre sobre su no participación en la supuesta reunión en que se fraguó la verdad histórica, están las familias, a ellas les debemos justicia, no un circo, no una guerra de declaraciones, no una trama política.
Es importante el reconocimiento gubernamental de que Ayotzinapa fue un crimen de Estado, pero lo trascendental sería conocer ¿quiénes decidieron acabar con la vida de los estudiantes?, ¿quién ordenó la matanza?, y lo más importante ¿dónde están?
Aplaudamos la detención de Murillo Karam, pero asegurémonos de que esta sea un precedente para que los servidores y funcionarios públicos sepan que, si cae uno caen todos; exijamos que la detención no sea mera primera plana, sino que conlleve una investigación eficaz que permita castigar a los culpables y cerrar uno de los capítulos más dolorosos en la historia moderna del país; que tengamos certeza de que a veces, la justicia se alcanza.
