Por: Elizabeth Castro
Durante la última semana de septiembre la SCJN declaró la invalidez de nuevas disposiciones legales en Durango y San Luis Potosí, el tema era la alternancia de género en la postulación de candidaturas a las gobernaturas, que ambas entidades pretendieron establecer en su marco normativo. El dictamen fue que este era un mecanismo que no debía ser impuesto, y es que, aunque la paridad es un principio constitucional, obligar a la postulación de mujeres u hombres en una elección puede resultar en un atentado en contra del derecho a ser votadas y votados.
La resolución de la Corte cobra relevancia de cara al proceso electoral 2026-2027 donde se renovarán 17 gobernaturas, y las autoridades electorales deberán establecer los lineamientos que rijan la postulación de candidatas para garantizar el acceso de estas a las titularidades del poder ejecutivo.
Aunque la reforma de 2019 “Paridad en todo” ha permitido que un mayor número de mujeres contienda en los procesos electorales, los mecanismos para asegurar su participación en condiciones equitativas han tenido que atravesar los enredados caminos de las instituciones, donde los tribunales electorales y la SCJN han tenido que sentar precedentes que permitan garantizar los derechos políticos y electorales, salvaguardando la legalidad y la equidad en las contiendas.
En este contexto, la resolución impone un llamado de atención ante los procesos de selección de candidatas y candidatos que MORENA ha llevado a cabo; con 10 de las 17 coordinaciones estatales lideradas por mujeres, el partido gobernante comenzó a mostrar la alineación con la que pretende llegar a los comicios del próximo año para renovar los poderes ejecutivos locales. Apostando por rostros conocidos y algunas sorpresas que dejaron fuera a personajes que habían realizado actos muy anticipados de promoción, como Andrea Chávez, el movimiento parece estar listo para iniciar los recorridos en tierra.
Sin embargo, aunque exista una preponderancia femenina; y se presenten como la antesala de sus definiciones electorales, el partido y sus coordinadores y coordinadoras aun deberán esperar los tiempos electorales y, sobre todo, las reglas que habrán de establecerse para garantizar la paridad en las gubernaturas.
Y es que en el proceso 2023-2024 ante la renovación de nueve poderes ejecutivos locales, el INE determinó que los partidos políticos nacionales debían postular al menos a cinco mujeres y establecer criterios que garantizaran la paridad sustantiva y evitaran que fueran postuladas únicamente en las entidades con menores posibilidades de triunfo; mientras que, para los partidos políticos locales, mandató observar la alternancia de género respecto de la postulación realizada en la elección anterior.
Aunque con 10 posibles candidatas, MORENA podría estar blindado ante posibles cambios por los lineamientos que se emitan en materia de paridad; aún falta garantizar la competitividad de esas postulaciones y, sobre todo, que los hombres hagan su parte atendiendo a las disposiciones legales y partidistas.
Actualmente, de las 17 gubernaturas en juego, MORENA ocupa la titularidad de 12. Las cinco excepciones son Aguascalientes, Chihuahua, Nuevo León, Querétaro y San Luis Potosí, entidades en las que el partido ha colocado a tres hombres y dos mujeres al frente de sus coordinaciones. Ante este escenario, resulta significativo que el partido haya apostado por colocar a ocho mujeres al frente de las coordinaciones en entidades donde actualmente mantiene el poder. Sin embargo, entre ellas se encuentran Guerrero, Sinaloa y Zacatecas, estados en los que la continuidad de MORENA tendrá que enfrentarse también al balance de sus actuales gobiernos y, particularmente, a los desafíos que han marcado sus administraciones en materia de seguridad.
La resolución de la Corte sienta un precedente que pondrá en juego la capacidad de los partidos para materializar aquello que tanto proclaman, su compromiso con las mujeres. Pero sobre todo pondrá a los árbitros electorales ante el reto de garantizar los derechos de la ciudadanía y asegurar que los mecanismos que permitan alcanzar la paridad no sean controvertidos indefinidamente en los tribunales, sino que, generen los consensos necesarios para garantizar que las mujeres accedan a los cargos. Además, permite dilucidar el camino a seguir en materia normativa, paridad sí y siempre, pero con reglas claras y encaminadas a alcanzar la igualdad sustantiva.
Elizabeth Castro
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