Por: Elizabeth Castro
Uno de los principales problemas respecto a la participación económica de las mujeres tiene que ver con la brecha salarial de género; de acuerdo con la Coalición Internacional por el Salario Igualitario (EPIC) a nivel mundial en promedio las mujeres ganan 20% menos que los hombres por el mismo trabajo. En México, datos del IMCO señalaron que en 2022 la brecha salarial fue de 14%, “es decir, por cada 100 pesos que recibe un hombre en promedio por su trabajo al mes, una mujer recibe 86 pesos” (IMCO,2022).
Y aunque esta brecha es menor a la que se estima a nivel mundial, la misma organización señaló que Oaxaca, Colima y Guerrero, presentan diferencias sustantivas, ya que en estas entidades las mujeres ganan “27.1%, 25.3% y 24.9% menos en comparación con los hombres” (IMCO,2022). Sin embargo, estos datos carecen de una desagregación más amplia que nos permita conocer la profundidad de las desigualdades en la remuneración entre ambos sexos.
Y es que de acuerdo con OXFAM (2019) “la condición de hablar una lengua indígena, identificarse dentro de una comunidad indígena, negra o mulata, o tener el color de piel más oscuro resultan en probabilidades menores de […], progresar en el ámbito laboral o pasar a la parte más alta de la distribución de la riqueza” (OXFAM 2019) y en esta combinación de factores las mujeres son las más afectadas.
Sin información suficiente, las carestías y violencias que viven las mujeres siguen observándose como un conjunto homogéneo que no da pie a la atención diferenciada, y por ende a la solución de los problemas.
En el caso de las oaxaqueñas, durante años se ha apostado por el paternalismo arcaico que se sustenta en la desigualdad y el clientelismo; sin programas que busquen incrementar y hacer sostenible la inclusión de las mujeres en el mercado del trabajo, estas se encuentran en la indefensión ante una estructura social que bajo la etiqueta de “ayuda”, olvida que no solo se trata de dar dinero, sino oportunidades para el desarrollo personal.
27.1% no es un dato menor, es superior al promedio mundial, y casi el doble del promedio nacional; sin políticas públicas que atiendan este problema las mujeres no tendrán acceso a mejores condiciones de vida y la economía en la entidad seguirá estancada.
Disminuir la brecha salarial, requiere que los gobiernos entiendan y acepten que las mujeres pueden y deben participar en igualdad de condiciones frente a los hombres en el mercado laboral, implica también asegurar que podamos acceder al sistema educativo, tener acceso a servicios de salud y cuidados que permitan nuestro pleno desarrollo, requiere que se reconozcan nuestras capacidades y también las violencias que nos atraviesan para que estas no sean perpetuadas en los lugares de trabajo.
La desigualdad en el salario no se va a compensar con dádivas, sino con más y mejores trabajos, y políticas que ayuden a las mujeres a incorporarse a la formalidad; la duda es ¿Quién quiere reconocer que la brecha salarial es un problema y que como tal debe atenderse? ¿Quién querrá atender a las mujeres trabajadoras? ¿A alguien le importa? ¿o solo les gusta repartir dinero?
Nos vemos el 8 de marzo.
