Por: Elizabeth Castro
En Oaxaca la injusticia es regla y no excepción; tras el lastimoso fallo en contra de María Elena Ríos, el sistema de justicia en Oaxaca ha quedado expuesto (nuevamente) y con ello los ojos han vuelto hacia el nuevo titular de la Fiscalía General de Justicia de Oaxaca, Bernardo Rodríguez Alamilla, quien recibe un estado caótico donde la justicia se ha convertido en un privilegio y un bien inaccesible para la ciudadanía.
Rodríguez Alamilla recibe un estado donde la cifra negra se estima en un 94.2% y el índice estatal de impunidad 2021 otorgó una calificación de 90,8% a la entidad; por si fuera poco, datos de la ENSU muestran que durante el último trimestre de 2022 el 72.2% de la población oaxaqueña de 18 años y más se sintió insegura y un 100% de los capitalinos aseguraron que existen problemas en la ciudad.
El nuevo fiscal tiene ante sí la exigencia social de procurar justicia y contribuir a la rehabilitación de un sistema que, al paso del tiempo se ha deteriorado en cuestiones sustantivas para la existencia del estado de derecho y es que de acuerdo con la organización World Justice Project, Oaxaca se encuentra en la posición 20 de 32 a nivel nacional en el índice que mide la adhesión al estado de derecho, además durante el último año Oaxaca ha retrocedido en indicadores concernientes a los límites al poder gubernamental, justicia civil y ausencia de corrupción.
A esto se suman los casos sin resolver, la sobrecarga de trabajo de los ministerios públicos y la falta de peritos que permitan agilizar las investigaciones y dar resolución a los casos que son conocidos por la fiscalía; aunque la institución no puede resolver por si sola el problema de injusticia en la entidad, si posee una de las responsabilidades más grandes dentro del sistema; la titularidad de la Fiscalía poco tiene que ver con el glamour y mucho con la presión social y mediática que conlleva ser la parte encargada de investigar y proveer las pruebas necesarias para la resolución de conflictos y la impartición de justicia.
Bernardo Rodríguez, recibe una institución abandonada, vapuleada y considerada como una de las principales responsables de la impunidad, casos mediáticos como los de Soledad Jarquín, Claudia Uruchurtu, Ana Cristina Martínez García, y María Elena Ríos, han exhibido las limitaciones, carencias e ineficiencias de la fiscalía, dotando de argumentos a quienes sostenemos que carece de las aptitudes necesarias para el ejercicio de sus funciones; en este sentido cabe mencionar que de acuerdo con México Evalúa en 2021 el 55.6% de mujeres y el 61.5% de los hombres víctimas en Oaxaca, decidieron no denunciar por cuestiones atribuibles a la autoridad, en las cuales destaca, en el caso de los hombres, la actitud hostil y/o desinterés manifiesto por parte de la autoridad; es decir, el problema es la institución y su personal, no las víctimas.
El gobierno de Salomón Jara tenía que elegir a alguien que pudiera resarcir el daño causado por Rubén Vasconcelos y Arturo Peimbert, y redireccionar los esfuerzos y recursos de la institución en aras de profesionalizar y mejorar la atención que brinda a la ciudadanía. Recordar que como órgano autónomo su principal compromiso es con la sociedad y no con la política sería un buen inicio para el nuevo titular, quien ha obtenido el apoyo unánime del Congreso y llega sostenido por el partido cuyos integrantes no se cansan de decir que “son diferentes” y conocen las necesidades del pueblo.
Bernardo Rodríguez tiene cinco años para demostrarnos que una fiscalía funcional, autónoma, eficiente y eficaz, es posible; si no lo logra, podrá pasar a la historia junto a Rubén Vasconcelos y Arturo Peimbert, de quienes es mejor ya no hablar. ¡Hagan sus apuestas!
