Por: Elizabeth Castro
A mediados de diciembre, Pablo Gómez, presidente ejecutivo de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, anunció que se habían realizado 65 foros consultivos y que la propuesta legislativa sería enviada el 1 de febrero de 2026 a la Cámara de Diputados para su discusión.
Días después, Claudia Sheinbaum anunció que revisaría el documento y adelantó que impulsará dos cambios clave: la reducción del financiamiento público a los partidos y la eliminación de los cargos plurinominales, al considerar que estos últimos responden más a las cúpulas que a la ciudadanía.
Ambas propuestas resultan controversiales dentro de la coalición gobernante, si se consideran los intereses de los partidos aliados del Movimiento Regeneración Nacional: el Partido del Trabajo y el Partido Verde Ecologista de México. Los cuales son organizaciones de carácter cupular —e incluso, en algunos casos, con estructuras de tipo familiar— que dependen en gran medida de las prerrogativas para su subsistencia, más que de un respaldo electoral amplio. Además, a diferencia de los partidos de mayor tamaño, estas organizaciones mantienen su presencia en los congresos principalmente gracias a los escaños plurinominales, lo que les permite influir en la negociación e intercambio de votos al interior de las cámaras legislativas.
Y es que, históricamente, estos partidos han mantenido márgenes de votación reducidos en comparación con sus homólogos de mayor tamaño. Un ejemplo de ello fue la elección extraordinaria de Aguascalientes en 2015, en la que los esfuerzos se concentraron en canalizar los votos necesarios al Partido del Trabajo para que lograra conservar su registro a nivel nacional.
Aunque las intenciones de la presidenta pueden parecer nobles (a nivel federal, la reducción del financiamiento a los partidos podría significar un alivio presupuestal), en el plano político la negociación se perfila como particularmente compleja.
Además, la disminución del número de escaños plurinominales podría comprometer el margen de maniobra del partido gobernante, lo cual implicaría que MORENA tendría que reformular su estrategia y fortalecer su base electoral, con el objetivo de asegurar su control en las cámaras a través del voto directo.
Si Sheinbaum busca consolidar una reforma que fortalezca la democracia, el costo político podría ser elevado. Pero, si la iniciativa termina reduciéndose a un ejercicio de centralización del poder que no atienda los puntos nodales de la vida político-electoral, el efecto podría ser el debilitamiento de la democracia mexicana.
Aunque la presidenta se muestra confiada, el Poder Legislativo ha dejado claro que no responde de manera automática a los deseos del Ejecutivo. Ahí está, como antecedente reciente, la dificultad para avanzar en su propuesta de reforma contra el nepotismo.
Claudia Sheinbaum puede desear muchas cosas, pero cuando se trata de reformas legislativas, su capacidad de acción continúa supeditada a decenas de intereses que poco o nada tienen que ver con su proyecto de nación. Al final, sigue siendo el alfil de un hombre que entiende que a veces es preferible mantener contentos a los aliados que arriesgar el equilibrio político de MORENA.
Después de todo ¿a él que le importa la democracia?
Elizabeth Castro
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