Por: Elizabeth Castro
La extinción de los fideicomisos del Poder Judicial es otro de los golpes que la administración federal ha dado a la separación de poderes y la autonomía; mientras Arturo Zaldívar estuvo a cargo de la SCJN el presidente parecía estar de acuerdo con el actuar de la institución y hasta hacía un intento por respetar las decisiones emanadas del órgano. Sin embargo, todo cambió cuando Norma Piña se convirtió en la primera presidenta de la SCJN y la cortesía dio paso al recelo y el enojo.
A López Obrador no le gusta que lo contradigan y mucho menos que frenen sus planes, es bien conocido que se mueve desde el coraje y que cuando se ha empeñado en algo es difícil – que si no imposible – hacerlo cambiar de opinión. Así, que el 27 de octubre se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el cual se extinguen trece de los catorce fideicomisos con que cuenta el Poder Judicial. Y aunque para algunos esta medida puede parecer un atentado contra la independencia, e incluso un abuso por parte de la federación; lo cierto es que en el discurso las acciones emprendidas por Andrés Manuel se venden bien.
Y es que, aunque los fideicomisos tengan una razón de ser y permitan que el personal del poder judicial cuente con prestaciones y acceso a servicios que les otorgan condiciones laborales dignas, e incluso salvaguardan su vida e integridad; un poder judicial que no puede comunicar estas cosas y que no ha sido capaz de que el grueso poblacional comprenda el porqué su labor es sustancial en la vida en sociedad; tiene ante si una batalla perdida.
El papel del poder judicial es poco conocido por la ciudadanía, para algunos es solo la SCJN y un montón de ministros que ganan “muchísimo dinero”, para otros representa un órgano que no tiene funciones trascendentes en el país, para algunos más es solo el nuevo enemigo del cual <<afortunadamente>> el presidente los está defendiendo.
Y nada de esto podría estar más alejado de la realidad. El poder judicial forma parte de la división de poderes que como país democrático poseemos, su labor no se limita a las acciones realizadas por la SCJN, sino que abarca a jueces, magistrados, secretarios, y empleados de distintas órdenes y niveles, cuyas funciones y trabajos permiten el respeto a los derechos humanos, la salvaguarda de la integridad física y corporal, la integración de nuevas normas que benefician a la ciudadanía y la impartición de justicia en el país, sí esa que a veces creemos que no llega, pero que aun es defendida desde algunas trincheras. La misma que el presidente no ha podido dar a nadie (ni a los 43).
Las labores del poder judicial son específicas, técnicas, relevantes; seguramente usted escuchó hablar de como López Obrador acusaba a los jueces de liberar delincuentes, pero jamás lo escuchó admitir que quien debe encargarse de presentar pruebas y convencer al juez es la fiscalía; porque ¿por qué admitir que las fiscalías del país están fallando?, ¿por qué admitir que la labor de las y los jueces no es hacerse de la vista gorda frente a las fiscalías que no quieren aprender a hacer su trabajo?, ¿por qué admitir que los jueces juzgan con base en evidencia?
¿Por qué no admitir que extinguir fideicomisos puede llegar a vulnerar a las personas empleadas en el poder judicial y generar incentivos perversos para la corrupción? ¿por qué no admitir que esto no se trata del poder judicial sino de no querer contrapesos? ¿Por qué durante la administración de Arturo Zaldívar los fideicomisos no se tocaron?
Al cierre de esta edición la batalla se ha perdido, la duda es… ¿y ahora quién sigue? Y ¿a dónde irá a parar el dinero de los fideicomisos? ¿a las campañas?
