Por: Elizabeth Castro
Semanas después de lo prometido, la presidenta Claudia Sheinbaum finalmente envió al Congreso su iniciativa de reforma electoral. Aunque el documento conserva varias de las ideas que había adelantado meses atrás, entre ellas la reducción del financiamiento público a los partidos y cambios en el sistema de representación proporcional, la propuesta presentada en los primeros días de marzo, tiene lecturas más complejas que anticipan las limitaciones que enfrentará su aprobación.
La propuesta del ejecutivo no elimina los cargos plurinominales, como se había sugerido en un inicio, pero sí plantea una reconfiguración del mecanismo mediante el cual se asignan. Busca que una parte de los escaños de representación proporcional se otorgue a los llamados “mejores perdedores”, es decir, candidatos que compitieron directamente en los distritos y obtuvieron votaciones altas sin alcanzar el triunfo. Con ello se intenta construir la narrativa de que al menos 100 de los plurinominales estarían respaldados por la votación que habrían obtenido de manera directa en la jornada electoral.
Sin embargo, más allá de la ingeniería institucional propuesta, el verdadero desafío de la reforma continúa siendo político. Las resistencias dentro de la propia coalición gobernante anticipan que la discusión legislativa no será sencilla y que los equilibrios construidos en los últimos años dentro del Congreso podrían ponerse a prueba.
En lo que respecta al financiamiento de los partidos, la apuesta por la reducción del presupuesto es siempre un movimiento que la sociedad mira con buenos ojos, aunque los aliados no; sin embargo, algunos críticos comienzan a señalar que el tema del financiamiento ilícito parece no poder arreglarse o combatirse desde esta propuesta, y que la perspectiva de la presidenta deja de lado cuestiones que se observan en el día a día de la operación y no solo en el periodo de campañas.
Aunque la propuesta incluye otros elementos —como modificaciones en el desarrollo de los cómputos distritales, el etiquetado del uso de inteligencia artificial, la reducción de los tiempos oficiales en medios de comunicación y la posibilidad de que funcionarios públicos promuevan la participación ciudadana en procesos de consulta popular y revocación de mandato—, el punto nodal de la discusión entre Morena y sus aliados se concentra en dos temas: el financiamiento de los partidos y la asignación de la representación proporcional.
El PT y el PVEM han construido buena parte de su influencia política a partir de los mecanismos de representación proporcional y de un esquema de financiamiento público que les permite mantenerse aun cuando sus márgenes de votación suelen ser reducidos en comparación con los de las fuerzas políticas de mayor tamaño. Cualquier modificación que altere ese equilibrio implica abrir una negociación que no solo tiene que ver con principios democráticos, sino con la propia supervivencia política de estos actores dentro del sistema.
La presidenta hace bien en tener un “plan b”, con esos aliados y tantos intereses de por medio, nunca se sabe quién podría terminar apoyando o socavando su causa. Por ahora, solo queda esperar las discusiones, las negociaciones y los arrebatos que siempre acompañan una reforma de esta magnitud; de los resultados hablaremos en un par de meses. Ahora toca ver quién tiene mayor peso político.
- Elizabeth Castro
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