Urge aplicar el estado de derecho
Estudios profesionales
Candidato a Doctor en Derecho por la Universidad Regional del Sureste A.C. Estudió la Maestría en Derecho Penal en la Escuela Libre de Derecho de Puebla A.C. (2002-2004). Licenciado en Derecho por la Universidad Regional del Sureste (1995–2000). Diplomado en Derecho Municipal por el Instituto de Desarrollo Municipal del Estado de Oaxaca.
Experiencia laboral
2014 -2016 Asesor de la Presidencia Municipal de Oaxaca de Juárez, Oaxaca y Representante del H. Ayuntamiento de Oaxaca de Juárez ante la Junta de Arbitraje para los trabajadores del Municipio.
2012: Subcomisionado Jurídico y Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal de Arbitraje Médico de Oaxaca.
2009: Encargado de la Dirección de Asuntos Jurídicos de los Servicios de Salud de Oaxaca.
2008: Jefe del Departamento de lo Contencioso y Administrativo de los Servicios de Salud del Estado de Oaxaca.
Desde el 2003: Catedrático de las materias de Derecho penal, Derecho procesal penal y Teoría del Estado. Escuela de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Regional del Sureste A.C.
Desde el 2000: Abogado Postulante en el Despacho Jurídico propio.
Desde el 2014: Catedrático de la materia de Derecho Municipal y Derecho Constitucional en la Universidad Anáhuac campus Oaxaca.
2001: Servicio Social Profesional en la Subsecretaria de Desarrollo Municipal del Gobierno del Estado de Oaxaca.
La entrevista…
Doctor ¿Cómo ha sido su desarrollo profesional? Ha sido muy versátil, desde hace más de quince años me dedico a defender los intereses de mis clientes en mi despacho particular, también me he desempeñado en la función pública en distintos niveles de gobierno: primero, como encargado de la dirección de asuntos jurídicos de los Servicios de Salud en el Estado; posteriormente, como subcomisionado jurídico y secretario ejecutivo de la Comisión Estatal de Arbitraje Médico de Oaxaca (CEAMO) y como representante del Ayuntamiento de Oaxaca de Juárez ante la Junta de Arbitraje municipal, actividades que he compaginado con la cátedra desde esa fecha, tanto en la Universidad Regional del Sureste como en la Universidad Anáhuac.
Háblenos de su experiencia como docente. Como ya lo mencioné, desde el 2003 comencé a dar clases de Derecho penal y de Derecho procesal penal en la Universidad Regional del Sureste; posteriormente, comencé a impartir la cátedra de Derecho constitucional y Derecho municipal en la Universidad Anáhuac, donde más adelante impartí las materias de Metodología de la investigación jurídica y Amparo en materia penal en la maestría en ciencias penales de la universidad Anáhuac, la cual se imparte al personal directivo del Centro Federal de Readaptación Social número 13.
¿Qué opina sobre la propuesta de ley para la colegiación obligatoria de los abogados? Considero que es una necesidad en la actualidad derivada de las reformas a los sistemas de justicia penal, ley de amparo, ley laboral y demás reformas legales que se han llevado a cabo últimamente, el poder contar con abogados certificados y que pertenezcan a una barra o colegio de abogados, nos ayuda a los profesionales en derecho a estarnos capacitando constantemente y, a las personas que requieren nuestros servicios, les da la certeza y garantía de que su abogado estará lo suficientemente capacitado y lo suficientemente respaldado por el prestigio de un Colegio de profesionistas.
Al estar frente a un especialista en derecho penal, le preguntamos su opinión acerca de la reforma constitucional en materia penal y de la reciente entrada en vigor del Código Nacional de Procedimientos Penales ¿Cuál fue la necesidad para la reforma y cuáles son sus beneficios, ya que ahora se habla de juicios orales?
En el mes de junio del año 2008 se reformó la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la cual sentó las bases para el tránsito de un modelo inquisitivo a uno acusatorio de justicia penal en México, lo que coloquialmente conocemos con el nombre de juicios orales, estableciéndose como fecha límite el mes de junio de este año 2016 para que la misma entrara en vigor en todo el territorio nacional, y tiene su origen en los estándares de Derechos Humanos constitucionalmente reconocidos.
Esta reforma constitucional lo que trata de establecer es un agilidad en los juicios penales, estableciendo como uno de sus ejes rectores la presunción de inocencia de todas las personas, recordando que anteriormente los juicios y más, en materia penal, eran anacrónicos y burocráticos; además, a las personas se les trataba como culpables desde el inicio del mismo, ahora, se les permite oportunidad de defensa. Ahora, el Ministerio Público debe ofrecer pruebas y se le concede al imputado la oportunidad de conocerlas y de controvertirlas, además de la obligatoriedad del juez de estar presente en la audiencia de debate.
Entre las bondades de este nuevo sistema de justicia penal existe la justicia alternativa para evitar que el imputado vaya a juicio a través de diversos mecanismos y existen otros como el procedimiento abreviado, en donde la pena a imponerse, se puede negociar, siempre y cuando, se cumplan ciertos requisitos.
En contraste, lamentablemente, los legisladores reforzaron en el Artículo 19 constitucional, las causales de prisión preventiva, lo que permite que en México siga utilizándose abusivamente esta medida cautelar, en detrimento de la presunción de inocencia de las personas.
En últimas fechas hemos observado en el Estado de Oaxaca una serie de actos vandálicos de organizaciones sociales que han quedado sin castigo ¿Considera que se ha rebasado el estado de derecho y considera si el aumento de penas podría ser una probable solución?
Primeramente, hay que mencionar que por estado de derecho se entiende la forma política de organización de la vida social por la que las autoridades que lo gobiernan están limitadas estrictamente por un marco jurídico supremo que aceptan y al que se someten en sus formas y contenidos. Es decir, quien debe de aplicar la ley es el Estado y, en consecuencia, podemos advertir que en nuestra comunidad, la autoridad, en todos sus niveles, no está cumpliendo con su obligación de aplicar la ley a los infractores de la misma; los órganos del Estado han sido rebasados por diversos factores, desde complicidad, falta de preparación, entre otros.
El problema no es de penas altas, sino de la aplicación de las existentes. Un joven de 20 años de edad que delinque y recibe una sanción de 70 años, prácticamente recibe una sentencia perpetua. Lo que se necesita es que se descriminalicen las penas. Se castigue no con prisión, sino con pena administrativa o un arresto, es mejor que en algunos casos las penas descomunales se reduzcan y se impongan castigos de escarmiento y que los escarmentados recuperen su libertad. Que los jóvenes primerizos se rehabiliten y no se gradúen en la universidad del crimen, que resultan ser las prisiones.
Hay un refrán popular que dice: “dime de qué presumes y te diré de que careces” y esta frase se aplica al estado de derecho en Oaxaca, en todos lados se presume, todos los políticos la ocupan en sus discursos, pero en la realidad, en Oaxaca, las normas jurídicas, en la gran mayoría de casos, no se aplican, desde el reglamento de tránsito hasta el Código penal, diariamente vemos que delitos flagrantes no son castigados o que el gobierno por miedo o presión de las organizaciones sociales no aplica la ley.
Por último Doctor Christian Ramírez Sánchez ¿Qué consejos les da a sus discípulos en las universidades? Les aconsejo a las futuras generaciones de abogados que desde el principio de su formación, tomen en cuenta la moral, la honradez, el derecho y la especialización en alguna de las materias del Derecho, que desde los primeros años en la universidad, practiquen en los juzgados o en los despachos particulares, que lean mucho libros, leyes, reglamentos y expedientes, si no, cómo van a enfrentar un asunto, sin herramientas legales nunca tendrán éxito, tal y como lo refiere uno de los mandamientos del abogado: “si no estudian, cada día serán menos abogados”.
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