Cuando Enrique Peña Nieto asumió la Presidencia en diciembre de 2012 era claro que no podría dar marcha atrás a la guerra que Felipe Calderón había iniciado contra el narcotráfico y que los militares permanecerían fuera de los cuarteles hasta que la anhelada paz llegara; doce años después hemos sido testigos de violaciones sistemáticas a los derechos humanos por parte de las fuerzas castrenses y nadie ha podido detenerlos.
De acuerdo con la investigación “Cadena de Mando” de 2006 a 2016, la guerra contra el narcotráfico y la estrategia de seguridad implementada por Enrique Peña Nieto provocaron más de 150 mil muertos, 280 mil desplazados y aproximadamente 30 mil desaparecidos; de 2007 a 2014, la CNDH emitió 34 recomendaciones por ejecución extrajudicial contra el Ejército, “en 32 de ellas las autoridades militares intentaron evadir su responsabilidad alterando la escena del crimen o la narrativa de los hechos para responsabilizar a las víctimas de su destino”.
Pese a las acusaciones que se han realizado en contra del ejército, Andrés Manuel López Obrador ha decidido mantener a los militares en las calles; el 14 de noviembre el Presidente electo presentó el “Plan Nacional de Seguridad 2018-2024” construido en torno a 8 propuestas: 1.- Erradicar la corrupción y reactivar la procuración de justicia, 2.- Garantizar empleo, salud y bienestar, 3.- Pleno respeto y promoción de los derechos humanos, 4.- Regeneración ética de la sociedad, 5.- Reformular el combate a las drogas; 6.- Emprender la construcción de la paz, 7.- Recuperación y dignificación de cárceles y 8.- Seguridad pública, seguridad nacional y paz.
En el apartado número ocho del plan se contempla la creación de una “Guardia Nacional” la cual estará integrada por unidades de policía militar, policía naval y policía federal, previendo la incorporación de miembros activos de las fuerzas armadas y juventud en general; es decir, la militarización del país no cesará y, de acuerdo con el Diputado Mario Delgado, el grupo parlamentario de MORENA presentará una iniciativa para reformar la Constitución y dotar de un marco legal que regule el actuar de las fuerzas castrenses en labores de seguridad pública que, a diferencia de la Ley de Seguridad Interior, no pueda ser declarada inconstitucional por la Corte, haciendo viable la existencia de la Guardia sin que nada ni nadie pueda interponerse.
Tras doce años de militarización, México no ha logrado superar los problemas de violencia e inseguridad en su territorio, por el contrario, estos se han acrecentado y el uso excesivo de la fuerza por parte del Estado ha generado un incremento en las violaciones a los derechos humanos, mermando la confianza de la ciudadanía en las fuerzas castrenses.
El Plan de Andrés Manuel no contempla el fortalecimiento de los cuerpos policiacos, sino que los culpa y, al mismo tiempo, utiliza los fallos de la policía como justificación para mantener al ejército en las calles.
Aunque López Obrador insista en que, con la debida formación la Guardia podrá transitar hacia nuevas formas de uso de la fuerza, lo cierto es que la curva de aprendizaje no tiene un tiempo definido, además, a Ciudad Juárez, Tijuana, Tamaulipas, Morelia, Guerrero, San Carlos Oaxaca, La Joya Sinaloa, General Bravo Nuevo León, Anáhuac Nuevo León, a los estudiantes del Tec de Monterrey y a los muertos de Tlatlaya… ¿cómo los olvidamos?
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