Por Elizabeth Castro
Las desapariciones en México son un fenómeno recurrente; se ha vuelto el pan de cada día en muchos estados del país donde las autoridades han preferido frenar las investigaciones, fallar en el registro de los casos y cuerpos o dejar la mayor parte del trabajo en mano de los familiares, antes que activar sus recursos para poder contribuir a la erradicación de la impunidad. Han sido los colectivos, quienes se han encargado de evidenciar las carencias y excesos de las instituciones; por ejemplo, en el caso de las fosas comunes de Tetelcingo, la participación de los familiares permitió a la sociedad conocer la falta de rigor científico que la Fiscalía de Morelos había ejercido durante la inhumación de cuerpos sin identificar; en Veracruz y Sonora los colectivos han encontrado fosas clandestinas cuya ubicación las autoridades desconocían y, en otros sitios, han sido las familias quienes han hallado los campos de exterminio que permiten a los criminales deshacerse de los cuerpos de sus víctimas.
De acuerdo con datos del gobierno federal, en México se tiene un registro de más de 90 mil personas desaparecidas de las cuales casi 22 mil han desaparecido durante la administración de López Obrador; esta cifra se acompaña de los 52,000 cuerpos sin identificar que yacen en fosas comunes y servicios forenses del país, cuya existencia ha sido denunciada por el Movimiento por Nuestros Desaparecidos. Y, aunque Alejandro Encinas ha insistido en que el reconocimiento de los crímenes y el desarrollo de mecanismos y organismos como las Comisiones de Búsqueda en los estados, contribuyen a la procuración de justicia, los esfuerzos se reducen ante hechos como el descubrimiento de campos de exterminio, fosas clandestinas, el asesinato de las madres buscadoras y el acoso del crimen organizado a los colectivos de búsqueda.
En este contexto, resulta relevante la visita del Comité contra las Desapariciones Forzadas de la ONU, el cual arribó a México el 15 de noviembre en una visita sin precedentes que había sido solicitada desde 2013 y que había sido negada por los gobiernos en turno, aún por el propio gobierno de Andrés Manuel, que en 2019, impugnó la decisión de la Suprema Corte de Justicia de reconocer al Comité.
Pero las cosas han cambiado y en medio de una crisis que amenaza con desbordar los servicios forenses del país, y una cifra de personas desaparecidas nunca vista, el gobierno mexicano ha dado la bienvenida al grupo que se encargará de visitar doce estados del país y evaluar la situación de desapariciones en México y, los hallazgos que emanen de esta visita, podrían no sólo reafirmar lo que se sabe y sospecha, que el estado mexicano ha sido omiso ante los crímenes, sino que puede proponer mecanismos de justicia y mejora institucional para el esclarecimiento de los hechos y la reparación del daño a las familias en un país donde, de acuerdo con Karla Quintana, comisionada nacional de búsqueda de personas en México, existe un 98% de impunidad en casos de desapariciones.
Cabe esperar a que la visita concluya y que el gobierno federal dé respuesta ante el informe que el Comité emita; pero sobre todo, habrá que estar atentos a la reacción de las autoridades, ¿mejorarán?, ¿se humanizarán? ¿o simplemente fingirán que escuchan?
Mientras tanto, las familias siguen caminando y excavando, esperando encontrar a sus hijos e hijas en un país que se ha convertido en un cementerio.
