(951) 188 07 77    |   Oaxaca de Juárez, Oax. Mar, 16 de Jul de 2019

Caso
12.846

Por Elizabeth Castrofoto-cidh

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), es el órgano judicial de la Organización de Estados Americanos (OEA) que se encarga de conocer y juzgar aquellos casos en que los Estados, que son parte de la OEA y firmantes de la Convención Americana de Derechos Humanos, han violado los derechos reconocidos por la Convención. Las resoluciones de la Corte son de carácter vinculante y, en el caso de México, han servido para que el gobierno reconozca su responsabilidad en casos de violaciones a derechos humanos, promueva acciones que contribuyan a resarcir el daño ocasionado por sus actos y trate de evitar que hechos como los que se han denunciado vuelvan a repetirse.

Entre los casos que se han presentado ante la Corte contra el Estado Mexicano, se encuentran: el Caso Alfonso Martín del Campo Dodd; Caso Castañeda Gutman; Caso González y otras (“Campo Algodonero”); Caso Radilla Pacheco; Caso Fernández Ortega y otros; Caso Rosendo Cantú y otra; Caso Cabrera García y Montiel Flores; Caso Rosendo Cantú y Otras Vs. México; Caso Fernández Ortega; y, el Caso García Cruz y Sánchez Silvestre.

El 16 de noviembre, tras once años de lucha, vejaciones y revictimización, Mariana Selvas Gómez, Georgina Edith Rosales Gutiérrez, María Patricia Romero Hernández, Norma Aidé Jiménez Osorio, Claudia Hernández Martínez, Bárbara Italia Méndez Moreno, Ana María Velasco Rodríguez, Yolanda Muñoz Diosdada, Cristina Sánchez Hernández, Patricia Torres Linares y Suhelen Gabriela Cuevas Jaramillo, presentaron, ante la Corte, el caso 12.846, Mariana Selvas Gómez y otras, respecto de México.

Este caso se relaciona con las violaciones a los derechos humanos de que fueron víctimas las denunciantes durante el operativo del 04 de mayo de 2006 en San Salvador Atenco, y que resultó en abusos y tortura sexual en contra de decenas de mujeres que se encontraban en la localidad.

Atenco, es uno de los hechos más escabrosos en la carrera política de Enrique Peña Nieto. La impunidad y la injusticia se hicieron presentes durante once años, tiempo en el que las instituciones mexicanas fueron incapaces de reconocer y castigar las acciones de los policías federales y estatales que, durante un operativo, que pretendía “liberar” vías de comunicación, asesinaron, violaron, secuestraron, golpearon y detuvieron, de manera arbitraria, a cientos de personas, siguiendo órdenes de “mandos superiores”.

La petición, ante la Corte, es que el Estado Mexicano reconozca los hechos, los aclare y que investigue la cadena de mando que provocó y permitió que actos de tortura sexual fuesen llevados a cabo por elementos de los cuerpos policiacos. La vida de estas mujeres no volvió a ser la misma después de Atenco. Durante las declaraciones ante la Corte, algunas de ellas, narraron las formas y métodos que la policía empleó para torturarlas sexualmente; la violación, los golpes, las amenazas, la falta de atención médica, la revictimización y el desdén con que Enrique Peña Nieto acusó a las víctimas de mentir y oponerse al Estado de Derecho.

Las víctimas piden justicia, piden que, así como los medios de comunicación dieron voz al Gobierno, den voz a las sobrevivientes, que aclaren y reconozcan su complicidad y su omisión ante un crimen de Estado. Atenco, era la luz de la esperanza para quienes luchaban contra el despojo, el pecado de San Salvador Atenco fue oponerse a la construcción del aeropuerto y proteger las tierras de los campesinos; su castigo fue convertirse en la imagen del terror, en el territorio donde violaron mujeres, mataron niños, golpearon a hombres y, los machetes, se enfrentaron a las armas de fuego.

Claudia Hernández, dijo; “2006 queda como una marca que el Estado quiso dejar, de violencia y terror”, lo logró. Las mujeres que denunciaron el crimen de Estado no son busconas o provocadoras, son personas, como tú, como yo. Edith Rosales era asistente médica y había llegado a Atenco con una brigada de auxilio para atender a los heridos del 03 de mayo; Barbara Italia estaba ahí por parte de una ONG que atendía a menores en riesgo. Cristina Sánchez y Ana María Velasco habían ido al mercado.

¿Mal momento? ¿Mala suerte? ¿O un gobierno negligente que permitió a sus cuerpos policiacos disponer de la vida y cuerpos de mujeres y hombres indefensos?

Habrá que estar muy atentos a la resolución de la Corte y a las acciones que el Gobierno mexicano emprenda para dar cumplimiento a la sentencia. Atenco no puede quedar impune durante más tiempo. El Gobierno debe reconocer que el camino a Los Pinos está manchado de sangre.

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